En Colombia existe un conflicto armado intensificado que genera grandes
perjuicios para la población civil y ambas partes, tanto la guerrilla
como el Estado, han vulnerado gravemente el Derecho Internacional
Humanitario (DIH). Además el Estado colombiano es responsable por las
violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La
cuestión que no ha sido asumida con claridad, y más preocupante aún que
no lo sea para el Comité Internacional de Cruz Roja, es lo pertinente al
papel que han tenido históricamente los grupos paramilitares, y que se
mantiene. Y este punto es crucial ya que nos indica el sentido de lo que
se ha hecho con su negociación y lo que sigue siendo el presente con
sus nuevas modalidades de control social, político y económico en el
actual proceso de consolidación.
Sin embargo, la confusión es más pragmática que real en tanto que la
contundencia de los hechos ha demostrado que los grupos paramilitares
forman parte de la estrategia del Estado para implementar la lucha
antisubversiva en el país. Al respecto, en varios casos sobre Colombia
llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que:
“ c) a pesar de que el 25 de mayo de 1989 la Corte Suprema de Justicia
declaró la inconstitucionalidad de la normativa que daba respaldo legal a
la vinculación de dichos grupos con la defensa nacional, tras lo cual
el Estado adoptó una serie de medidas legislativas para criminalizar las
actividades de estos grupos y de quienes los apoyen, Colombia hizo poco
para desmantelar la estructura que había creado y fomentado,
particularmente cuando aquellos grupos llevaban a cabo actividades de
contrainsurgencia. De hecho, los lazos permanecieron a diferentes
niveles, en algunos casos, solicitando o permitiendo a los paramilitares
la ejecución de ciertos actos ilícitos en el entendido de que no serían
objeto de investigación o juzgamiento ni sanción;
d) esta situación ha llevado a la Comisión a establecer, a los efectos
de la determinación de la responsabilidad internacional del Estado
conforme a la Convención Americana, que en los casos en los cuales
miembros de grupos paramilitares actúan con la aquiescencia o apoyo de
miembros del Ejército, debe considerarse que éstos actúan como agentes
estatales;
En Colombia, se ha fundado un complejo y extremo sistema de ideas,
estrategias y métodos para la represión social, la exclusión política y
la concentración de la riqueza -a través de normas y procedimientos
jurídicos y militares-, “justificado” en la
conservación de formales convicciones de democracia, de Estado y de
nación, que han conducido a la desviación del Estado de Derecho, a la
imposición de un modelo económico injusto e inequitativo, y a la
inclusión en el imaginario colectivo de posturas y actitudes altamente
lesivas de la dignidad humana y de justicia vindicativa.
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